En la campaña de las elecciones municipales de 2015, la candidata Ada Colau anunció que construiría 8.000 viviendas sociales si se convertía en alcaldesa. Tres años después de aquella promesa electoral, las cifras nos demuestran que esa propuesta se quedará finalmente a medias, sin cumplir, ya que a falta de un año para acabar el mandato, la cifra se rebaja aproximadamente a un total de 3.200 viviendas. Lo que demuestra que las políticas de vivienda de Colau, son pura fachada y de cartón-piedra. Es decir, mucho anuncio y poco ladrillo.
Es necesario recordar, que el Plan de vivienda fracasado de Colau, fue pactado con Ciudadanos y PDeCAT. Un plan que, según Colau, multiplicaba la inversión, aumentaba las ayudas al alquiler y frenaba desahucios. Pero la realidad es otra. Desde que llego a la alcaldía, la inversión anual en vivienda pública se ha recortado 132 millones de euros, los alquileres se han encarecido un 24% y la media de desahucios en Barcelona es de 4.000 al año, incluso en pisos propiedad del consistorio. Mientras, el Ayuntamiento tiene más de 80 solares públicos vacíos en los que se podría construir hasta 6.000 viviendas sociales. A todo esto, debemos sumar que el registro de solicitantes de vivienda se ha incrementado un 20% con relación al mandato anterior, con 36.577 unidades familiares (71.924 personas) en espera. Y además, un 69%, de las personas adjudicatarias de una vivienda social, renuncian o desisten a ella.
Además, el Gobierno municipal pretende promover a la desesperada una medida improvisada en forma de parche. Entregar 92 viviendas prefabricadas o pisos-contenedor antes de que finalice el mandato. Colau intenta solucionar el déficit con viviendas prefabricadas, que según el propio concejal de vivienda Josep Mª Montaner, “no es vivienda pública, es una solución temporal”.
Ante estas cifras, seguro que Colau intentará tapar, como siempre hace, su incapacidad de gestión, culpando a otras administraciones por no haber conseguido las 8.000 viviendas prometidas en campaña electoral. Cuando el resumen real es que tres años después, y a pesar que el Ayuntamiento goza cada año de superávit, sus políticas de vivienda solo acumulan recortes y retrasos.
